El debate de la basura ya llegó a la Justicia

Fuente: Critica de la Argentina
Claudio Mardones
08.07.2008

El gobierno porteño tiene cinco días para informar cuántos basurales a cielo abierto hay en la ciudad y en qué estado se encuentran. Sucede a pocos días de la licitación para la recolección en las calles porteñas.

Movilización. Tanto Greenpeace como varias organizaciones ambientalistas y de vecinos vienen exigiendo al gobierno de Mauricio Macri una política transparente sobre el tratamiento de los desechos. Hay conflicto.
Amenos de dos meses de que el gobierno porteño abra la licitación para definir la recolección de basura durante los próximos diez años, la Justicia le dio cinco días hábiles a la gestión de Macri para que “informe pormenorizadamente sobre la existencia, ubicación y condiciones de los basurales a cielo abierto” de la Capital Federal.http://www.blogger.com/img/gl.bold.gif

La titular del juzgado Nº 6 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Patricia López Vergara, hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Ambiente y Sociedad (FAS), que denunció la semana pasada la existencia de un nuevo basural en la Costanera Norte, donde se están depositando escombros, algo que está penado por el artículo 36 de la ley 1.854, más conocida como Basura Cero.

La medida es una de las primeras que toma la Justicia porteña sobre un tema de alta sensibilidad y tensión política. Para legisladores y especialistas, la puja judicial podría llegar más lejos. La gestión PRO está dispuesta a dar batalla en Tribunales sobre la interpretación de la ley, aunque sus conceptos sean inequívocos sobre dónde y cómo se pueden depositar los residuos domiciliarios.

El ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, confirmó a este diario que el basural denunciado existe y que están trabajando “en otro que será instalado en la costanera sur, precisamente en la península ecológica, que está ubicada en la boca de entrada al Riachuelo donde depositaremos los escombros provenientes de la excavación de los nuevos túneles para subterráneos”, anticipó.

Para el ministro de Macri, “no hay que confundir ni desesperarse, ya que no se trata de basurales a cielo abierto, sino de lugares donde estamos depositando la recolección de poda y escombros”. Hace más de dos meses, el Ejecutivo porteño descubrió que el 15% de las 5 mil toneladas diarias de basura estaba compuesto por escombros de obra. “Vimos que se estaba cometiendo el grave error de mezclar los residuos húmedos con los escombros y que juntos iban a parar a los rellenos sanitarios del Ceamse, en San Miguel”, explicó Piccardo. “Por eso resolvimos dejar de juntarlos y ponerlos en lugares que puedan llenar desniveles, como la costanera”, señaló.

El debate sobre el destino de esos escombros, que la ley considera residuos domiciliarios, desatará una polémica que la jueza buscará zanjar por medio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, a quienes solicitó que “informe al tribunal qué incidencia y afectación al medio ambiente acarrean los residuos y escombros de obra y los basurales a cielo abierto”.

Sin embargo, la denuncia que inició la causa refuta las explicaciones de Piccardo. “No es argumento que los residuos remitidos sean áridos o escombros, ya que es sabido que los escombros de demolición encierran todo tipo de sustancias con posibilidad de toxicidad”, sostienen los denunciantes, que ofrecieron como ejemplo que “el pulido de mosaicos se realiza con plomo, una sustancia altamente contaminante”. Pero los denunciantes van más allá porque “aun cuando no hubiera impacto ambiental alguno, no está permitido realizar la disposición final de residuos domiciliarios en ningún lugar que no se encuentre expresamente habilitado para eso”.

Piccardo recordó que la actual reserva ecológica es un humedal que se formó sobre los escombros que tiró la dictadura militar luego de la construcción de autopistas. “Nosotros haremos lo mismo y no le generará el más mínimo impacto al agua ni a las napas”, explicó.

Por ahora la pelota está en manos de la Justicia, aunque para la mayoría de las ONG consultadas “todo lo que se hizo en las gestiones anteriores en los ministerios y secretarías de medioambiente se está tirando por la borda”.